Gijón ha acogido, del 3 al 5 de octubre, el XIX Encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG para el Desarrollo, en el que ha participado la Coordinadora de ONGD de Euskadi. En su resolución final, las coordinadoras defienden «una apuesta por la solidaridad entre los pueblos como seña de identidad».
2024 está siendo sin duda un año convulso, un año que a nivel internacional ha visto copadas las portadas de los medios por la guerra y las violencias, y por las más de 70 elecciones que se han celebrado en diferentes lugares del planeta. Quizás esa perspectiva pueda ser una buena definición de todo lo que nos acontece, a nivel global y local, pues parece que la paz y los valores democráticos necesitan más que nunca ser refrendados por una ciudadanía comprometida, movilizada y crítica.
Se cumple casi un año de la última escalada de violencia de Israel en Palestina, que ha hecho temblar al mundo y a la que la ciudadanía ha respondido con movilizaciones en todos sus territorios con unas demandas claras: la paz como único camino y la imperiosa necesidad de que el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil sea respetado, sin excepción. Junto a Palestina, y ahora Líbano, no podemos olvidar los conflictos que se extienden en el tiempo como Ucrania, Sudán o el Sahel. La realidad es que el planeta sufre el mayor número de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial y millones de personas ven sus derechos más básicos cercenados. Los discursos belicistas, las ya tangibles consecuencias de la emergencia climática y el retroceso de derechos, han hecho que el número de personas desplazadas en el mundo alcance su cifra más alta de la historia; más de 117 millones, según ACNUR, siendo la mayor parte desplazadas internas.
Una realidad en la que es más necesaria que nunca la empatía y la cooperación entre pueblos, a pesar de que las organizaciones que trabajan por la defensa de los Derechos Humanos estén sufriendo en multitud de países como Nicaragua, Perú, Guatemala, Hungría, Paraguay, Palestina o Tanzania una persecución política, precisamente por su trabajo.
Se ha creado un caldo de cultivo perfecto para quienes quieren hacer proliferar las narrativas de odio, y el miedo se convierte en una herramienta potente de desinformación masiva, que se nutre muchas veces de la apatía e indiferencia de quienes callan ante estas lógicas discursivas. Ante esto, de nuevo, la paz, la justicia social y la solidaridad son los valores que deberían acaparar las portadas de los medios; esos principios que han edificado las sociedades modernas, en los que creemos y sobre los que queremos seguir trabajando. Los datos de la última encuesta del CIS, de septiembre de 2024, lanzan un mensaje esperanzador, pues más del 70% de las personas encuestadas aseguran que se deberían hacer mayores esfuerzos para ayudar a desarrollarse a las regiones que sufren mayores desigualdades. Frente a los esfuerzos de algunos sectores, la solidaridad sigue siendo una seña identitaria de nuestros territorios.
Es desde ese prisma desde el que debemos reclamar una respuesta política a la altura de su ciudadanía, y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas a nivel internacional, estatal, autonómico y local. Con un objetivo del 0,7% del PIB destinado a AOD para 2030, establecido en la Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global y en legislaciones autonómicas, la realidad de los presupuestos estatales y autonómicos dedicados a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en este 2024 es un vertiginoso recorte que pareciera amenazar con el desmantelamiento público de la cooperación. 10 de las 17 Comunidades Autónomas han congelado o recortado sus presupuestos destinados a AOD, la media del porcentaje destinado por las comunidades autónomas a AOD en 2024 se sitúa en el 0,12% y 6 de ellas destinan un presupuesto inferior al 0,06%.
Unas cifras poco alentadoras que motivan nuestra movilización como sociedad civil y ciudadanía activa para apostar por estrategias de incidencia y comunicación que hagan que los gobiernos autonómicos adquieran mayores compromisos, a nivel presupuestario y político. Algunos de ellos han marcado la senda a seguir, como Galicia con su Ley 10/2021 de la acción exterior y de la cooperación para el desarrollo, Euskadi con su Ley 3/2024 de Cooperación y Solidaridad, Extremadura con su Ley 3/2023 de Cooperación y Solidaridad Internacional, o sumando esfuerzos que, aunque todavía lejos de ese 0,7% (los mejores datos son del 0,35%), suponen un camino de incremento paulatino.
No debemos olvidar que las cooperaciones descentralizadas han sido históricamente una singular característica del sistema de cooperación español, y cuyo aporte de fondos públicos ha sido crucial para todas las entidades dedicadas a la cooperación, la acción humanitaria y la educación para la ciudadanía global desde los enfoques feministas, de derechos humanos, ecologista y de paz. Una seña que debe volver a recobrar su importancia, permitiendo la articulación y participación social en las diferentes esferas y niveles.
Propuestas para una cooperación descentralizada transformadora
La voluntad social ha quedado manifiesta, y se refuerza en cada acto y respuesta de solidaridad ante las crisis que pretenden cuestionar la paz social; ha llegado el momento de que esa voluntad sea recogida por las autoridades públicas en forma de compromisos.
Por ello, en el marco del XIX Encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas de Organizaciones para el Desarrollo (ECA), lanzamos las siguientes demandas y propuestas a los gobiernos autonómicos y locales:
- Cumplir con el compromiso del 0,7% y con los objetivos marcados por los planes y legislaciones autonómicas. Los gobiernos autonómicos y locales deben ser consecuentes y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. Lejos de utilizar la cooperación internacional como moneda de cambio en los pactos entre partidos, en un ejercicio de transparencia y coherencia deben cumplir con aquellas responsabilidades asumidas en el seno de sus planes directores y legislaciones; especialmente en materia presupuestaria. La deriva tomada por los gobiernos de Aragón, Canarias, Madrid o Murcia deben revertirse urgentemente, y dar paso a una política de cooperación comprometida y responsable.
- Fortalecer los programas humanitarios y de construcción de paz. En este contexto de conflictos crecientes y aumento de gasto militar, los recortes en las políticas de cooperación no solo socavan los esfuerzos por promover la paz, trabajar para el desarrollo sostenible y proporcionar ayuda humanitaria, sino que también debilitan la confianza en el sistema multilateral. Es urgente dar pasos firmes, respaldados por acciones concretas y financiación adecuada desde el fortalecimiento de las políticas de cooperación descentralizadas, que aseguren el cumplimiento de las obligaciones internacionales y afrontar los desafíos globales desde los territorios y una perspectiva solidaria y coordinada.
- Contribuir al alto el fuego permanente en Palestina, parar la escalada de violencia en Oriente Próximo y poner fin al comercio de armas con Israel. En el mes en el que se cumple un año desde el inicio de una escalada de violencia sin precedentes, extendiéndose a otros lugares, reclamamos medidas urgentes enmarcadas en los 5 puntos demandados por las organizaciones de la sociedad civil: un alto el fuego inmediato y permanente, que contribuya a frenar la escalada de violencia que se está extendiendo en la región; un acceso humanitario suficiente y sostenido; el respeto al Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos; el fin del comercio de armas con Israel; y una solución negociada al conflicto.
- La solidaridad frente al miedo. Ante el auge de discursos de desinformación, es fundamental apostar por narrativas que construyan y refuercen los lazos de solidaridad entre pueblos y territorios. Una manifestación de los valores que mueven a la ciudadanía y que han construido la sociedad que somos. Una respuesta sólida antes las amenazas o intentos de acallar a quienes luchan por la paz, los derechos humanos y la sostenibilidad de la vida.
- La participación y sostenibilidad de los espacios cívicos. Las ONGD deben tener garantizada su seguridad y la sostenibilidad de su trabajo en los contextos más complejos, y esto implica, además de un refuerzo inapelable de los valores democráticos y el respeto del Derecho Internacional Humanitario, un apoyo presupuestario y unos mecanismos accesibles y coherentes de financiación, que permitan a entidades grandes y pequeñas acceder a las convocatorias de financiación pública sin obstáculos ni mensajes de deslegitimación.
- Coherencia de políticas. Instamos a las administraciones públicas a que contemplen este principio y lo acompañen de medidas concretas que fomenten la economía social y el comercio justo. Para apoyar este compromiso político, desde la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD, nos comprometemos a impulsar iniciativas de gestión en nuestras coordinadoras y organizaciones en coherencia con nuestros valores y en base a los criterios de consumo responsable, consciente y crítico. Hemos de avanzar hacia opciones de comercio justo, economía social y alternativa, consumo ecológico y la gestión de nuestros fondos en entidades de banca ética y no militarista e iniciativas cooperativistas. Reforzando así nuestra influencia en gobiernos autonómicos y municipales para el fomento de la compra pública responsable que suponga la inclusión de cláusulas éticas, sociales y ambientales en los procesos de contratación pública y el apoyo a las emergentes economías transformadoras.
- Una cooperación transformadora. Es imperante apostar por unos prismas que construyan una cooperación realmente transformadora. Para ello es necesario que las políticas de cooperación tengan como objetivo un desarrollo sostenible, se consoliden desde los enfoques feministas, ecologistas y basados en derechos y paz. Queremos una cooperación que ponga en el centro la vida, entendiendo que vivimos en un mundo interconectado en el que, por tanto, necesitamos una mirada interseccional de análisis para hacer frente a las múltiples realidades existentes y a su impacto.
Como Red de Coordinadoras de Organizaciones para el Desarrollo nuestros compromisos son la solidaridad, los derechos humanos, la igualdad y la sostenibilidad de la vida y del planeta. Asumimos la responsabilidad que esto implica, también en nuestro trabajo diario para hacer frente a los desafíos y apostar por la transformación social.
Por ello, sigamos apostando por una cooperación en la que creemos, que nos permite acercarnos, organizarnos y crear algo mucho más grande. La realidad nos interpela, nuestros territorios se movilizan y queremos seguir trabajando por un mundo que no deje a nadie atrás.
