Mujeres desplazadas de República Democrática del Congo: salud y derechos en riesgo

Por Inma Gisbert Civera y Leire López Delgado. SANART, el arte de hacer salud

En los contextos de emergencia las necesidades insatisfechas en planificación familiar, el número de embarazos no deseados y las violencias hacia las mujeres se incrementan.

Según datos de ACNUR de 2022, las mujeres y las niñas representan alrededor del 50% de la población de personas refugiadas, desplazadas internas o apátridas a nivel mundial. Los contextos humanitarios afectan en mayor medida a las mujeres: el 70% de las mujeres experimentan la violencia de género en contextos humanitarios, en comparación con el 35% en todo el mundo^[1].

Buenas prácticas para una vida libre de violencias

La situación humanitaria en la República Democrática del Congo fuerza a gran parte de la población a huir de sus comunidades hacia otras zonas del país o a otros países como Uganda y Kenia. Hemos tenido la oportunidad junto con Farmamundi de acompañar un proceso de reflexión e identificación de buenas prácticas en salud sexual y reproductiva y violencias entre cuatro organizaciones de los tres países, en concreto con HESED África de Kenia, AHA y EMESCO de Uganda y PPSSP de RDC.

Este proceso nos ha permitido aprender las unas de las otras, entender el contexto de origen y llegada de las mujeres, y pensar juntas cómo superar los retos, incorporar el enfoque de derechos y de género, y garantizar el derecho a la salud y a vivir una vida libre de violencias de la población desplazada.

Garantizar los derechos y la equidad

La salud sexual y reproductiva precisa de una mirada amplia que vaya más allá de la enfermedad y se oriente hacia un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad. Esta mirada debe tener en cuenta a cada persona con su origen, cultura, posición, relaciones, deseos y abordar la esfera biológica, socioafectiva y psicológica.

La experiencia generada en los tres contextos nos muestra la necesidad de que esta atención tenga en cuenta las inequidades en salud, relacionadas con el género y los determinantes sociales, y promueva la corresponsabilidad, el autoconomiento de mujeres y hombres y las relaciones de buentrato, tanto a nivel individual como colectivo para garantizar los derechos y la equidad.

La participación comunitaria en salud, entendida como las acciones de promoción que se realizan en las comunidades, implicando a los diferentes agentes comunitarios, y que contemplan la incorporación de mecanismos de participación, se ha mostrado imprescindible. Los diálogos comunitarios, el trabajo con líderes religiosos y con autoridades comunitarias, como es el caso de los juges coutumiers (jueces consuetudinarios) en RDC, está generando cambios en la manera de entender las violencias en las comunidades y, con ello, contribuyendo a reducir el estigma que sufren las mujeres supervivientes de violencias en estos contextos.

Las violencias contra las mujeres refugiadas y en situación de desplazamiento forzoso son múltiples y multisistémicas, y responden a la triple situación de vulnerabilidad que sufren, por el hecho de ser mujeres, refugiadas/desplazadas y en situación de pobreza. En los contextos humanitarios no siempre se proporciona la protección, la seguridad y la justicia que serían deseables y acordes al derecho. Ante ello, y a pesar de ello, las mujeres desplazadas/refugiadas desarrollan múltiples estrategias de afrontamiento, transformándose de víctimas a supervivientes.

Poner el foco en el principio humanitario de “do not harm”

Las experiencias compartidas por las cuatro organizaciones ponen de manifiesto la importancia de abordar las violencias de manera holística y de centrar la atención en las supervivientes poniendo el foco en el principio humanitario de “do not harm” (no dañar). Facilitar servicios de calidad y acciones que aborden las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de las violencias, generar espacios seguros y promover la autonomía personal y económica de las mujeres son estrategias que se están llevando a cabo con equipos multidisciplinares, grupos de terapia, acompañamiento a procesos judiciales, y promoción y apoyo de actividades generadoras de ingresos.

Las dificultades en el acceso a la justicia de las mujeres supervivientes son un reto compartido por las cuatro organizaciones y, por ello, acciones como la formación de profesionales en Kenia para mejorar la elaboración de informes forenses y la recopilación de pruebas, así como otras estrategias de acercamiento de la justicia a las comunidades como las clínicas judiciales móviles en Uganda, han sido identificadas como buenas prácticas sobre las que continuar trabajando y generar evidencias para su transferencia, teniendo en cuenta las particularidades de cada lugar, a otros contextos.

De manera general, las organizaciones socias pusieron en valor que este proceso de intercambio e identificación de buenas prácticas les ha brindado la oportunidad de aprender unas de otras y de desaprender sobre prácticas en las que trabajan. Han podido identificar la necesidad de seguir fortaleciendo sus competencias en género y derechos, y de coordinar con todas las organizaciones e instituciones presentes en terreno.

[1] https://2021.gho.unocha.org/es/tendencias-globales/el-g%C3%A9nero-y-la-violencia-de-g%C3%A9nero-en-la-acci%C3%B3n-humanitaria/