La agricultora sudanesa Nima comprueba a diario que sus cosechas se secan y se estropean porque las precipitaciones son cada vez más irregulares y las sequías más frecuentes. Mientras, la baserritarra alavesa Iratxe estudia sustituir productos que habitualmente cultiva por otros que resistan mejor los cambios en las temperaturas que ya experimentamos. Flor María vive con su hija en una casa de la mujer de Lima porque ha sufrido violencia machista; ahí se está formando para emprender su propio negocio. Al mismo tiempo, Saioa, Miren y Lourdes tejen redes feministas en varias de las casas de las mujeres de Euskadi para combatir el machismo. En 1937, un niño llamado José Antonio partió en barco desde su Gernika natal destino Caracas en busca de un futuro; hace pocos meses, la joven siria Amal llegó a Gipuzkoa huyendo de la guerra con la esperanza de una vida mejor.
Esas historias demuestran que el mundo vive amenazas globales como la emergencia climática, la pobreza y las desigualdades, las guerras y las violencias, la inestabilidad internacional y las precariedades que afectan a todos sus habitantes, pero que tienen mayores consecuencias para las personas más vulnerables. Las políticas vascas de cooperación permiten caminar hacia sociedades más solidarias, justas y sostenibles, y para ello, el consenso, el compromiso y la suma de esfuerzos toman especial relevancia. Un ejemplo lo encontramos el pasado 15 de febrero, en el Parlamento Vasco. PNV, PSE-EE, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP dejaron de lado sus diferencias y aprobaron una nueva Ley de Cooperación y Solidaridad. Con ella, desde Euskadi miramos al futuro con ambición para seguir contribuyendo a hacer frente a esos retos y desafíos entrelazados, y para ser parte del cambio que queremos ver en el mundo.
Esta nueva ley pretende consolidar el objetivo de dedicar el 0,7% del presupuesto del Gobierno Vasco a políticas de cooperación, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Ese aspecto es uno de los más relevantes al que no puede renunciar una nueva norma de cooperación que pretenda ser transformadora y referente. Ese compromiso, además de ético, es más que un porcentaje: es una declaración de intenciones sobre el papel que quiere desempeñar Euskadi en el mundo actual.
Este marco jurídico refuerza la colaboración entre administraciones (Gobierno Vasco, Diputaciones y ayuntamientos), y amplía su ámbito de aplicación a la Universidad del País Vasco y a EUDEL. Incorpora importantes avances en materia de coherencia de políticas, apuesta por una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre las políticas de cooperación, prohíbe financiar con fondos públicos empresas armamentísticas, e incluye un enfoque feminista y de defensa de los derechos humanos, del medio ambiente y de los principios democráticos. Asimismo, pretende reforzar la tradición solidaria de Euskadi, y para ello, apuesta por la educación para la transformación social, promueve valores solidarios, impulsa la movilización de la sociedad y sus instituciones, y fomenta el tejido asociativo. Además, compromete herramientas y mecanismos para simplificar y flexibilizar los trámites administrativos, y reconoce y refuerza el protagonismo histórico de las ONG de desarrollo en la cooperación. Finalmente, reafirma los compromisos de la Ley de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos de 2007.
Desde la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi, red que agrupa a 83 ONG vascas que trabajan en cooperación internacional, vemos avances en esta norma. Pese a que no éramos partidarios de la misma en un inicio, reconocemos el esfuerzo realizado por el Gobierno Vasco para incorporar aspectos que como organizaciones de la sociedad civil nos parecen fundamentales, así como el reconocimiento al papel esencial y tractor de las ONG de desarrollo fruto de una larga experiencia y de décadas de trabajo con las poblaciones más vulnerables del mundo.
Afrontamos este nuevo tiempo para la cooperación vasca con ilusión y satisfacción, pero también con cautela por los incumplimientos en la ley anterior de 2007. Confiamos en que esta nueva norma y sus posteriores instrumentos apuntalen unas políticas vascas de cooperación de calidad y estables, y que fijen el marco para que volvamos a ser un referente internacional, en un contexto cambiante y de incertidumbre y amenazas que afectan en todos los rincones del planeta. En definitiva, esperamos que este marco legal sea el primero de los pasos en la consolidación de una política que afronta nuevos retos. Un marco en el que las organizaciones de la sociedad civil vemos una oportunidad para seguir construyendo un mundo mejor con las mismas oportunidades para todas las personas, nazcan en Sudán, en Perú, en Siria o en Euskal Herria.
Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi
