Nos sumamos a este comunicado de La Coordinadora estatal de Organizaciones para el Desarrollo:
Israel ha ordenado el desalojo de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada Palestina (UNRWA) de Jerusalén Este. Esta orden se ha producido 24 horas después de que el Parlamento israelí diera los primeros pasos para declarar la UNRWA organización terrorista y romper todos los vínculos con ella. Tales medidas prohibirían totalmente la actuación de UNRWA en el país, criminalizaría sus actuaciones y a su personal, y supondría un peligroso precedente para la acción humanitaria en todo el planeta (tanto la de Naciones Unidas como la que realizan las organizaciones humanitarias). Y, ante todo, significaría privar a la población palestina, atacada durante meses, de un pilar esencial de la escasa ayuda humanitaria que están recibiendo en este momento.
La decisión de Israel supone un ataque directo a la asistencia humanitaria, y entra en contradicción directa con el Derecho Internacional Humanitario; supone un castigo colectivo a más de dos millones de personas asediadas y bombardeadas sin posibilidad de salida desde hace casi ocho meses.
“Condenamos la criminalización de la UNRWA; nos solidarizamos con su personal, pieza clave de la acción humanitaria en el territorio palestino ocupado y en toda la región. La comunidad internacional debe oponerse de manera firme a una decisión que pone aún más en riesgo a la población palestina, debe obligar a Israel a respetar el derecho internacional y a poner fin a los bombardeos y al asedio sistemático que ejerce desde hace demasiado tiempo”, afirman desde La Coordinadora estatal de Organizaciones para el Desarrollo.
Meses de ataques directos y criminalización
Estas propuestas se producen tras meses de cuestionamiento y ataques a instalaciones de UNRWA en la Franja de Gaza y en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, donde se refugian civiles en busca de protección. Si esta decisión es finalmente aprobada por el Parlamento, dará vía libre a atacar abiertamente las instalaciones de la UNRWA, violando así el Derecho Internacional Humanitario. El personal humanitario no puede ser, en ningún caso, objeto de ataques y la población civil siempre debe ser protegida.
Estas acciones se suman al asedio constante al que las fuerzas de Israel están sometiendo a la ayuda humanitaria; se unen a los ataques a lugares designados como zonas seguras por el propio Israel; a la constante destrucción de infraestructuras, incluidos hospitales. Cientos de miles de personas se ven obligadas a desplazarse de un lado a otro sin posibilidad de escapatoria y con una atención humanitaria cada vez más precaria. La Corte Internacional de Justicia ha pedido a Israel que acabe con los bombardeos sobre Rafah; Israel ha hecho oídos sordos.
Si finalmente estas propuestas prosperan, abrirán la puerta a una peligrosa etapa con consecuencias gravísimas para la población palestina y también para toda la humanidad. Los países comprometidos con la defensa del derecho internacional y los derechos humanos deben presionar a Israel para que no siga adelante con esta decisión, ponga fin a los bombardeos e inicie un proceso de solución dialogada.
