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Un mes: 2 plantones, 3 conferencias de prensa, 5 posicionamientos de instancias internacionales, 6 acciones urgentes, 10 posicionamientos de congresistas mexicanos y europeos, más de una docena de movilizaciones, 20 mil 629 firmas en Change.org, miles de voces exigiendo justicia y verdad, sin embargo, ninguna acción contundente del Gobierno Mexicano.
A un mes de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, ambos defensores del territorio y de los derechos de los pueblos originarios, es alarmante que no existan indicios ni avances en el caso. A pesar de que la exigencia y la preocupación escaló hasta las instancias internacionales, el gobierno mexicano se mantiene omiso incluso por encima del dictámen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Acción Urgente emitida por la Organización de las Naciones Unidas.
Son las familias y las personas defensoras de derechos humanos quienes se movilizan y accionan desde la costa hasta las ciudades para exigir la búsqueda y presentación con vida de Ricardo y Antonio. Esa voluntad mantiene una luz de esperanza para encontrarlos íntegros. Sin embargo, el actuar de las autoridades mexicanas nos ha llevado a cuestionar y a confirmar la existencia de un estado criminal coludido con empresas y delincuencia organizada, cuya prioridad no es la vida ni la protección.
La actuación de los gobiernos estatales de Michoacán, Colima y del Gobierno Federal ha sido omisa y hasta cómplice, aunado a que las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) resultan insuficientes. Es imprescindible emprender acciones de investigación sobre el rol de la Guardia Nacional y el Ejército, presentes en la zona de desaparición, así como a los distintos grupos armados que inciden en la región. Resulta urgente atender con seriedad las denuncias previas sobre amenazas dirigidas a los defensores por parte de miembros de la empresa Ternium.
Es por ello que exhortamos a todas las autoridades a asumir su responsabilidad desde instituciones como la CNB, FGR, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Fiscalía General del Estado de Colima, la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la Nación.
Las desapariciones forzadas de Ricardo y Antonio son responsabilidad del Estado y no solo generan obligaciones de investigación y búsqueda, sino que requieren que se asuman las responsabilidades políticas y comerciales pertinentes.
Es inadmisible, vergonzoso y preocupante que los gobiernos de Colima, Michoacán y de la misma Federación se escondan bajo la excusa de la presencia de la delincuencia organizada, mientras continúan haciendo negocios con la empresa minera Ternium cuyas actividades han generado un riesgo inaceptable para aquellos que dedican su vida a la defensa del medio ambiente y el territorio.
Exigimos la búsqueda y presentación inmediata de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. A un mes de inacción gubernamental, familiares, amig@s, organizaciones, colectiv@s, individu@s, redes, y personas académicas nos mantenemos firmes en la demanda: ¡Presentación con vida ya!
#TodosxporRicardoyAntonio
