Guatemala es conocido como el país de la eterna primavera, territorio donde conviven los pueblos mayas, xinca, garífuna y mestizos. Sin embargo, Guatemala hoy está envuelta en continuas protestas ante un proceso que pretende el golpe de Estado por parte de aquellos poderes que siempre dominaron el país.
En el mes de junio se realizaron las elecciones legislativas y la que fue primera vuelta para la elección de la presidencia y vicepresidencia. En sus primeros pasos este proceso inició mal pues utilizando diferentes subterfugios se prohibió una de las candidaturas populares, la encabezada por la indígena mam Thelma Cabrera y el exprocurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. El Estado guatemalteco demostraba así estar diseñado para negar la participación de los pueblos indígenas y de los sectores populares.
El siguiente paso se produce el pasado 20 de agosto, cuando tuvo lugar la segunda vuelta del proceso electoral, entre el Movimiento Semilla (Bernardo Arévalo) y la Unidad Nacional de la Esperanza. El triunfo del primero (58% de los votos) ha supuesto la activación de una serie de medidas que buscan abiertamente el golpe de Estado y frenar así el proceso de relevo presidencial que debe de darse en el mes de enero de 2024. Desde ese momento la Fiscalía General, de la mano del Ministerio Público, activó toda su maquinaria para ilegalizar a Semilla o alegar fraude en el proceso electoral.
Aunque las cabezas visibles son la Fiscal General Consuelo Porras y otros hipotéticos servidores públicos, es el denominado “pacto de corruptos” quien verdaderamente opera en este proceso golpista. Ese pacto de corruptos se refiere a la red de poderes económicos, judiciales y políticos, que incluye funcionariado, políticos, militares, jueces y fiscales, empresarios y estructuras criminales que han colonizado el sistema institucional en Guatemala desde hace, por lo menos, una década, siempre en favor de sus intereses de poder político y económicos.
En el ámbito de las libertades, la represión ejercida en estos últimos años arroja cifras cada día más graves. Durante los dos últimos años del gobierno de Alejandro Giammattei, se han documentado un total de 2.057 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, 531 denuncias por feminicidios y se han documentado 211 agresiones contra operadoras/es de justicia (datos de UDEFEGUA). La captura institucional y ampliación de la impunidad en el país ha supuesto un aumento en las agresiones contra operadores y operadoras de justicia generando que actualmente haya más de 30 personas en el exilio, y algunos otros en las cárceles guatemaltecas por sus intentos de investigación de casos de corrupción.
Ante esta grave situación, Bernardo Arevalo, presidente electo, ha suspendido el proceso de transición de gobierno con el presidente saliente Alejandro Giammattei y presentado una acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia contra la Fiscal General, Consuelo Porras, y otros jueces que la respaldan y acompañan Así, este contexto de nula credibilidad del actual Estado de Guatemala ha llevado a autoridades ancestrales de los pueblos indígenas, sectores populares organizados y a la ciudadanía en general a manifestarse por el respeto a los resultados electorales y la dimisión de funcionarios señalados por corrupción. A estas demandas, además se suman desde los territorios, organizaciones campesinas y comunidades indígenas que exigen cambios estructurales en el Estado, a través de un proceso constituyente popular y plurinacional. En los últimos días, ha habido ataques armados dirigidos a todas estas personas que se están movilizando pacíficamente por defender derechos y exigir cambios estructurales en Guatemala, resultando, por lo menos, cuatro personas asesinadas.
Por todo ello, desde la cooperación y solidaridad internacional vasca expresamos:
-Nuestro rechazo a las acciones inconstitucionales realizadas por la Fiscal General Consuelo Porras y otros aparentes operadores de justicia y nos sumamos a la demanda generalizada que exige sus dimisiones por sus intentos para invalidar los resultados del proceso electoral.
-Nuestra solidaridad y compromiso con la población guatemalteca que se está movilizando para conseguir una nueva Guatemala y a todas las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos colectivos e individuales, que trabajan por una vida digna de ser vivida para todas y todos.
-Exigimos a todos los partidos políticos, órganos gubernamentales e instituciones guatemaltecas que respeten la integridad y los resultados del proceso electoral.
-Recordamos que el respeto de la independencia del poder judicial, el pluralismo político y la libertad de expresión son derechos fundamentales y pilares básicos de la democracia y el Estado de Derecho entre otras cuestiones.
-Demandamos la defensa del derecho a la protesta social, en la búsqueda de una verdadera democracia en Guatemala.
-Pedimos a las instituciones internacionales y gobiernos, el apoyo para la resolución de esta crisis de forma pacífica y a la OEA (Organización de Estados Americanos) que permanezca en Guatemala hasta que inicie el mandato de quien debe de ser el próximo presidente, Bernardo Arévalo.
Guatemala florecerá y volverá a ser el país de la eterna primavera
Euskal Herria, 20 de octubre de 2023
Nota.- el 20 de octubre se celebra en Guatemala el Día de la Revolución. En esa fecha en 1944 se realizó el levantamiento que inició la denominada “década democrática”. El primer presidente (1945-1951) fue Juan José Arévalo, padre de Bernardo Arévalo.
